martes, 16 de junio de 2026

LA IMPUNIDAD INVISIBLE:

  LA IMPUNIDAD INVISIBLE: Cuando el racismo es estructural y está disfrazado de legalidad, la cohonestación.







Más allá del antigitanismo directo y diario, ahora nos enfrentamos a una nueva frontera: la posibilidad de ser discriminados por los mecanismos automatizados de la Inteligencia Artificial. Es una nueva versión del siglo XXI del racismo indirecto: algoritmos sesgados que, bajo una falsa pátina de "neutralidad técnica", automatizan el prejuicio.


¿Cómo lo hacen? Rastreando datos aparentemente asépticos pero cargados de sesgo: controlando tus datos personales como el código postal para marcarte por tu barrio, cruzando tus apellidos, analizando tus consultas al médico o tus interacciones en redes sociales, e incluso midiendo milimétricamente tu tiempo de reacción al responder un formulario digital o lo que tardes en contestar a tu jefe.Todo esto sirve para diseñar perfiles raciales automáticos y criminalizar de manera sistémica a colectivos enteros bajo el paraguas de la "prevención" o incluso medir la productividad del trabajador y sacar conclusiones sesgadas.



Frente a este peligro, el Artículo 23 de la Ley 15/2022 (Ley de Igualdad de Trato) es tajante: exige de forma imperativa que las administraciones públicas utilicen una IA transparente, que cuente con mecanismos para minimizar los sesgos, garantizar la trazabilidad y respetar los derechos fundamentales. La tecnología no puede ser una pantalla de protección para la discriminación institucional. El algoritmo tiene que estar entrenado de forma neutral y objetiva.


Por otro lado, traté problemas graves: la flagrante vulneración del mandato constitucional del Artículo 103 de la CE, que obliga a la Administración Pública a servir con objetividad a los intereses generales. Las administraciones no pueden desentenderse de los barrios gueto, permitiendo de forma negligente que nuestros niños y niñas crezcan entre basuras, ratas y escombros, despojados de su derecho a una infancia justa.


El Estado tiene la obligación imperativa de aplicar su fuerza coercitiva para hacer cumplir el orden en estos barrios —siempre con todas las garantías constitucionales y procesales para los detenidos —, y bajo los principios básicos de actuación como son la oportunidad, congruencia y proporcionalidad por parte de las FFCCS. Porque esa es la única forma real de preservar la paz social. Si las instituciones se retiran, quiebra el derecho a la igualdad y aumenta la violencia y marginalidad y se esfuma el derecho a una vida digna, a disfrutar de los suministros básicos como es correos, la limpieza y muy importante también, a un sistema educativo de calidad para los más vulnerables.

También hablé a propósito del ultimo caso que nos entró en #Ademe de la @lafraguaprojects de la destrucción de la presunción de inocencia, de los Sesgos policiales y judiciales donde un mero indicio débil se convierte automáticamente en una condena inapelable por el simple hecho de ser gitano, de los perfiles étnicos en los controles policiales y de la traición en la propia defensa: Asistimos a una dolorosa mala praxis letrada de abogados que, contagiados por el prejuicio y entendiendo que su cliente "no goza de credibilidad" ante el juez, abandonan el rigor técnico. Prefieren forzar una conformidad rápida y empujar al justiciable a aceptar penas de prisión por delitos que no ha cometido, bajo la terrible frase de: "No tienes opción, confórmate".



 #AntigitanismoEstructural #InteligenciaArtificial

#SeforaVargas

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