CRUELDAD INTOLERABLE CONTRA LOS GITANOS..."CIUDADANOS EUROPEOS TAMBIÉN"

Por Pavol Stracancsky

Bratislava, IPS - Organizaciones de derechos humanos piden a los gobiernos de Europa central y oriental que condenen públicamente la violencia contra los romaníes o gitanos, después de que una familia de esa comunidad muriera a tiros en Eslovaquia. Según los observadores, este asesinato es el último ejemplo de una escalada de crueldad contra la principal minoría étnica de Europa.

El llamamiento se hace después de que la Corte Europea de Derechos Humanos dictaminara que Eslovaquia no investigó, de modo efectivo, el brutal ataque contra 10 romaníes en 2002, que acabó con varios heridos graves. Los grupos activistas señalan que el veredicto pone de relieve las perturbadoras deficiencias que se han detectado durante la investigación de crímenes contra los gitanos y que los dirigentes políticos deben hacer más para garantizar que los autores de este tipo de delitos acaben en manos de la justicia. «Este fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos se origina en un incidente que tuvo lugar hace una década. Pero el mismo tipo de ataques violentos continúan ocurriendo actualmente» ha dicho, Dezideriu Gergely, director ejecutivo del Centro Europeo para los Derechos de los Romaníes con sede en Budapest.
La mayoría de los gitanos viven en Europa central y oriental, aunque también hay grandes comunidades en España, Francia, Grecia e Italia. «Este caso nos recuerda que las autoridades eslovacas y otras de la región tienen que desarrollar sus procedimientos y prácticas para abordar de modo adecuado los ataques violentos contra minorías vulnerables, y garantizar que la violencia racista no quede impune», dice Gergely. Muchas de ellos se quejan de persecución y discriminación sistemática, en todos los niveles de la sociedad y en muchos países.
Entre 10 y 12 millones de gitanos están dispersos por todo el continente, especialmente en Europa central y oriental, donde la mayoría viven en condiciones de pobreza. En algunos asentamientos, el desempleo llega casi el 100 por cien y la alta criminalidad también es un problema en muchas comunidades. Pero los romaníes dicen que la discriminación por parte de la policía local contra ellos es sistemática, y que los crímenes de los que son víctimas, especialmente los violentos, son mal investigados, si es que llegan a investigarse.
Georgina Siklossy, de la Red Europea contra el racismo, dice que los estudios sobre la respuesta de los gobiernos a la violencia contra esta minoría lo demuestran. Un informe realizado por el Centro Europeo para los Derechos de los Romaníes entre 2008 y 2011 analizó 44 casos en la República Checa, Hungría y Eslovaquia, y concluyó que apenas el 20 por ciento de ellos acabaron en condena. Y también, que las investigaciones policiales fueron suspendidas sin identificara los sospechosos en casi un tercio de los casos. Durante las investigaciones policiales se descartó el 50 por ciento de los casos -o no se confirmó- que detrás de estos episodios hubiera motivos raciales.
Las organizaciones que realizan un seguimiento de los episodios de racismo en la región han notificado una creciente violencia contra los gitanos y otras minorías étnicas, mientras crece la popularidad de los partidos políticos y movimientos de extrema derecha, que se ven reforzados con la crisis financiera mundial.
En la República Checa, donde viven más de 300.000 gitanos, tres murieron en ataques entre octubre de 2011 y marzo de 2012. En los últimos años también hubo una serie de ataques incendiarios contra miembros de esa comunidad, uno de los cuales, en 2009, dejó a un niño de dos años con secuelas para toda la vida. En Hungría, nueve personas fueron asesinadas entre 2008 y 2011, entre ellos dos menores. En algunas de esas agresiones se usaron cócteles molotov, granadas de mano y revólveres.
En Rumania, dos hombres murieron en enfrentamientos con la policía en el último mes. En mayo, un joven de 24 años, se arrojó a un lago para escapar de los oficiales que lo perseguían por un presunto robo. Le dispararon en la cabeza mientras estaba en el agua, a menos de 15 metros de la costa. El 10 de este mes, dos hermanos fueron tiroteados en Agristeu, tras una intervención policial en respuesta a un conflicto local. Uno de ellos murió. El Centro Europeo para los Derechos de los Romaníes y la organización no gubernamental local Romaní CRISS han hecho un llamamiento a las autoridades rumanas para que condenaran el hecho y se comprometieran a detener a los oficiales responsables de los hechos. En el último ataque ocurrido en la región, todavía sin esclarecer, tres miembros de una familia murieron tiroteados por un policía fuera de servicio que abrió fuego contra ellos en el exterior de su casa en Hurbanovo (Eslovaquia). Otros dos integrantes de la familia fueron gravemente heridos.
Al emitir su fallo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha subrayado lo importante que es el compromiso de las autoridades para realizar investigaciones completas y eficientes. El tribunal dijo que había «tenido en cuenta la particular importancia de que se lleve a cabo una investigación con rigor e imparcialidad sobre un ataque con muchos tintes racistas, y que es necesario reafirmar continuamente la condena de la sociedad al racismo y mantener la confianza de que las autoridades estan comprometidas con la lucha contra la violencia racista». Organizaciones de defensa de los derechos ciudadanos sostienen que la condena pública este tipo de violencia es vital para impedir que ocurran crímenes similares en el futuro.
El activista eslovaco, Stefan Ivanco, del Centro para los derechos civiles y humanos, ha insistido en que «el gobierno eslovaco podría ser más activo en la condena de incidentes como estos, (pero) no es algo que considere importante tratar a fondo». «Si los gobiernos son vistos como silenciosos o débiles sobre este problema y no condenan públicamente la violencia o se aseguran de que la policía haga su trabajo adecuadamente, es más fácil que los racistas y neonazis lleven a cabo ataques, y envía a toda la sociedad el mensaje de que no hay necesidad de actuar contra la violencia que padecen los gitanos».
Siklossy agrega: «Si las autoridades abordan efectivamente los crímenes y la violencia racista, enviaran a la población un fuerte mensaje diciéndoles que el racismo no es aceptable y que los autores de los actos delictivos serán castigados».

Desde hace 20 años, casi 15.000 gitanos viven en Francia. Esta cifra aumenta de forma constante, a pesar de las expulsiones, porque las personas suelen volver. Si la cuestión de los gitanos es tan relevante, es porque su integración adquiere una dimensión europea y por mucho que el espacio Schengen posibilite el desplazamiento de las personas, no facilita las políticas de inmigración en los países miembros. Resolver esta cuestión es ahora una responsabilidad que incumbe a la Unión Europea en su totalidad, tanto en los países de acogida como de origen.

EL CASO FRANCÉS..."UN MONSTRUO RACISTA"

El problema de los inmigrantes en Francia, según el ministro del Interior Manuel Valls, “está en sus países de origen”. El socialista francés mostró su apoyo al desmantelamiento de campamentos ilegales de gitanos rumanos y búlgaros de los últimos días. Práctica que denunció este mismo Gobierno dos años antes cuando Nicolas Sarkozy estaba en el poder.

 “Esas poblaciones están discriminadas en sus países, y es allí donde hay que encontrar soluciones”, explicó en una entrevista a la emisora de radio France Inter. Valls justificó las expulsiones alegando que estaba aplicando las decisiones judiciales, que se sustentaban por la insalubridad y la delincuencia que se ha constatado, así como de los problemas causados al vecindario. Además, añadió que los desalojos “respetan la dignidad humana”.

 El Gobierno de Nicolas Sarkozy tomó la misma medida dos años antes. En 2010 desalojó poblaciones gitanas de territorio francés. El Gobierno de la oposición de aquel momento acusó a Sarkozy de estigmatizar a los gitanos. Ahora aquel Ejecutivo que penalizaba aquellas acciones, está tomando las mismas medidas, pero se desmarca del anterior Gobierno. Manuel Valls destacó ayer que “no habrá ninguna política pública que se centre en un grupo de la población” y que según él, “no tiene nada que ver” con la con la política del anterior presidente del país, el conservador Nicolas Sarkozy.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, pidió explicaciones al Gobierno socialista francés sobre la evacuación de los campamentos gitanos a las afueras de ciudades como Lille, Lyon o París en las últimas semanas. Instó a las autoridades a darse prisa en aplicar los planes de inserción en esta minoría .

El Gobierno de Hollande pretende promover tal inserción mediante las llamadas “aldeas de reinserción” que según Viviane Reding “representaría un buen ejemplo, pero no debe retrasarse”.
Reding celebró que “las autoridades francesas se muestren dispuestas a cooperar con la Comisión y afirmen que no habrá ninguna política pública contra un grupo en particular”.

Reding puso el acento en que todos los europeos tienen libertad de circulación en la UE, aunque cada país pueda imponer una legislación diferente. Esto ha favorecido que el Gobierno desalojara a 200 inmigrantes, en su mayoría rumanos y búlgaros a los que el gobierno limita el acceso al mercado laboral. 

Bruselas apoyaría que Francia levantaselas restricciones a rumanos y búlgaros

reconocido el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, en rueda de prensa después de que el ministro del Interior galo, Manuel Valls, haya anunciado una reunión la próxima semana para decidir si se eliminan estas restricciones laborales.

El Ejecutivo comunitario considera que ello "permitiría dinamizar el mercado de trabajo" en Francia, al tiempo que constituye "un factor de integración para las poblaciones" gitanas que viven en el país.

El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, lleva "mucho tiempo" instando a los Estados miembros que todavía no lo han hecho a levantar estas restricciones laborales para rumanos y búlgaros que fueron negociadas en el marco de los Tratados de Adhesión a la Unión de ambos países y que por ley "deben terminar a finales de 2013", ha recordado Bailly.

Para el Ejecutivo comunitario, ha aclarado el portavoz, estas restricciones en el mercado laboral "no tienen interés económico" para los países que las aplican y tampoco se han observado "flujos masivos" que justifiquen su aplicación por "problemas significativos" para el funcionamiento del mercado laboral nacional.

La Comisión Europea está a la espera de que el Gobierno francés le remita, para finales de mes, información sobre las expulsiones recientes de gitanos que ha emprendido el Gobierno de Hollande, con el objetivo de ver si éstas se ajustan al derecho comunitario y se respetan las salvaguardias materiales de las personas expulsadas.

Hechos previos

El pasado año, Francia se vio obligada a introducir modificaciones en su legislación nacional para proteger las garantías procesales y materiales que exige la Unión Europea para sus ciudadanos, tras un año de agria polémica entre Bruselas y París.

La política de expulsiones emprendida por el Ejecutivo del entonces presidente galo, Nicolas Sarkozy, fue muy criticada en Europa y llevó a la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, a abrir un expediente de infracción contra Francia por ello.

Reding ha saludado la disposición de las autoridades francesas de cooperar con la Comisión y las declaraciones del Gobierno de que "ninguna política pública se centrará en un grupo en particular" tras recordar que "ninguna persona debe ser expulsado únicamente porque es romaní" en una tribuna abierta publicada en el diario 'Libération'.

"La expulsión de un ciudadano de un Estado miembro no puede ser arbitraria y siempre debe ser el resultado de un tratamiento caso por caso. El derecho a la libre circulación es un derecho fundamental, garantizado por los Tratados europeos y la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE", ha recalcado Reding.